Una acusación popular o acción popular es una institución jurídica que que permite la participación pública de los ciudadanos en la justicia.
La acción popular es una actuación procesal que permite a cualquier ciudadano participar públicamente en la justicia.
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¿Dónde está regulada la acusación popular?
Dentro del ordenamiento jurídico español debemos mencionar dos normas principales, que hacen referencia a la acusación popular:
- El artículo 125 de la Constitución Española.
- Y el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determina que la acción de naturaleza penal es pública y que cualquier ciudadano español puede llevarla a cabo, incluso si no está directamente afectado por el delito.
¿Quién puede llevar a cabo la acusación popular?
Cualquier persona física o jurídica que sea ciudadana de España y goce de todos los derechos civiles puede llevar a cabo la acción de acusación popular.
La persona que ejerza la acusación popular no puede haber sido condenado en firme dos veces por el delito de calumnias. Igualmente la ley excluye de ser acusador popular a los jueces y magistrados.
Requisitos de la acusación popular.
Para poder llevar a cabo la acusación popular, se deben cumplir una serie de condiciones:
- Debe iniciarse antes de la apertura del procedimiento oral, y los hechos y el acusado deben haber sido identificados.
- Sólo se puede utilizar para delitos públicos, es decir aquellos que la fiscalía puede perseguir de oficio, para proteger a la sociedad en general y al estado de derecho, y no para delitos privados o juicios penales militares.
- El que ejerza la acción popular debe participar en el caso presentando una querella, incluso si el juicio ya ha comenzado.
- Debe comparecer a través de un procurador y un abogado nombrado por él al efecto, ya que no podrá ser de oficio.
- Además deberá presentar un depósito de seguridad, a modo de fianza, para restringir el acceso al proceso y evitar el uso fraudulento o abusivo.
