La tutela judicial efectiva es un derecho establecido en la Constitución Española, además se trata de un principio fundamental del Estado de Derecho, fundamento básico dentro de un régimen democrático como el establecido constitucionalmente en España.
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¿Qué es la tutela judicial efectiva?
En concreto, es el derecho de toda persona a invocar la acción de la justicia en defensa de sus intereses legítimos.
En todo caso, dicha decisión debe ser respetada, pero para que el derecho a la tutela judicial efectiva se considere respetado, no es necesario que sea favorable a las pretensiones de la persona que inicia el proceso.
¿Quién garantiza la tutela judicial efectiva?
La tutela judicial viene reconocida a efectos formales en el artículo 24 de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, si bien a efectos formales es garantizada su aplicación por medio de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial, al igual que de forma indirecta por el resto de operadores jurídicos como principio básico de sus actuaciones.
Hay que tener en cuenta que el establecimiento de los requisitos y presupuestos legales que deben cumplirse para acceder al proceso se considera plenamente legítimo, por lo que este derecho a la tutela judicial efectiva puede considerarse cumplido incluso en los casos en que la respuesta judicial sea inadmisible en base a una norma legal, siempre que ésta sea coherente con el contenido de este derecho fundamental.
¿Qué derechos integran la tutela judicial efectiva?
Este derecho incluye también la obligación de que las resoluciones judiciales estén suficientemente motivadas, es decir, que expliquen detalladamente las razones y motivos en los que se basan para llegar a su decisión; esta explicación debe indicar claramente la ausencia de arbitrariedad, por lo que este derecho se considerará vulnerado en los casos en los que la resolución, o bien no contenga esta motivación en mayor o menor medida, o bien la contenga pero sólo de forma evidente, es decir, se base en un razonamiento arbitrario o irrazonable.
